¿Será el fin de los faenones en Ancash?

CGR presenta proyecto para que convenios con OEI ya no sean un "secreto"

EMBLEMÁTICO. El contralor se refirió al convenio Ancash – OEI 

como uno de los casos emblemáticos (y que preocupan). 

Al toro por las astas. Al parecer la Contraloría General de la República (CGR) está decidida a actuar en los casos de evasión a la fiscalización gubernamental que se producen en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que se realizan al amparo de los convenios suscritos entre entidades públicas como el Gobierno Regional de Ancash (GRA) y organismos internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

Para ello el contralor, Fuad Khoury Zarzar, ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso mediante el cual plantea un marco legal para intervenir en estas situaciones y no quedarse como meros expectadores y maniatados, sólo a la espera de la buena voluntad de las partes.

“La OEI se escuda en su inmunidad diplomática para no entregarnos documentación sobre los millonarios convenios firmados con el GRA; nosotros hemos consultado y la verdad es que no nos presentan documentación porque no quieren. Esto no permite el ejercicio adecuado del control gubernamental, Ancash es uno de los casos emblemáticos”, declaró Khoury Zarzar a la agencia ANCASH POLÍTICA.

 
¿QUÉ DICE EL PROYECTO?

Demanda el acceso irrestricto del Sistema Nacional de Control a toda la documentación e información relacionada con los recursos administrados en virtud de estos convenios cualquiera sea la oportunidad en que se formule el requerimiento a las partes que los suscriben, sin afectar el acceso a la información de carácter público.

También establece que se debe informar periódicamente al Ministerio de Economía y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sobre la ejecución de los recursos administrados, sin perjuicio de las precisiones que soliciten estas entidades. Los convenios requerirán un informe previo de las oficinas de Administración, de Presupuesto y de Asesoría Jurídica de las entidades estatales.

En la exposición de motivos que acompaña el proyecto, la Contraloría sostiene que no puede intervenir en convenios suscritos por ministerios, municipios y gobiernos regionales con entidades como la OEI, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS) porque estas argumentan inmunidad diplomática.
El proyecto había quedado pendiente en la última legislatura del Congreso pasado, pero es nuevamente presentado debido a la importancia que representa para el trabajo que desempeña la Contraloría. Ahora la pelota está en la cancha de los congresistas, veremos cómo responden los parlamentarios ancashinos.