Congresista
Renzo Reggiardo se refirió a liberación de reos “gracias”
a beneficios penitenciarios y lamentó muerte de
periodista casmeño
Pese a las opiniones en contra que ya ha generado su
propuesta de declarar en Estado de Emergencia las zonas con más alta
peligrosidad en el país, el titular de comisión de Seguridad Ciudadana del
Congreso, Renzo Reggiardo, no sólo defendió su planteamiento sino es que
sostuvo que todo el país sufre un nuevo tipo de terrorismo (el de la
delincuencia común y organizada) ante lo cual los peruanos claman soluciones
inmediatas y efectivas.
En declaraciones a ancashpolitica.blogspot.com, el
parlamentario refirió que su pedido al presidente de la República, Ollanta
Humala Tasso, es que de manera urgente se declare en emergencia las ciudades de
Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura, Arequipa e Ica, sin embargo
añadió que progresivamente debería contemplarse la declaratoria de emergencia
en otras ciudades, como Chimbote.
“En las seis
zonas mencionadas es urgente, pero si me preguntan por Chimbote ¡por Dios! allá
también se vive una situación de descontrol en materia de seguridad ciudadana
que preocupa y merece una intervención por parte del Estado, en ese sentido considero
que progresivamente debería evaluarse declararla en emergencia. La realidad es
crítica, se está implementando la modalidad del sicariato, ya lo han visto con
el tema del consejero regional (Ezequiel Nolasco Campos) y ahora con un
periodista (Pedro Flores); es posible que esto sea consecuencia de
enfrentamientos políticos pero se escudan en la ola de violencia que vive la
ciudad”, manifestó.
MALA INTERPRETACIÓN
En relación a
la información propalada por el Diario Correo - Chimbote, en el sentido de que 278 peligrosos
reos fueron liberados en mérito a beneficios penitenciarios otorgados desde
enero a la fecha, el legislador declaró a ANCASH POLÍTICA que tales beneficios son un derecho, sin embargo recomendó a la
Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) a que evalúe cada liberación de
manera minuciosa y si en efecto cumple con los requisitos establecidos en la
normatividad penal, puesto que son procesados por violación, extorsión, robo
agravado u homicidio los que vuelven a las calles.
“De todas esas
liberaciones quizá a algunos les corresponda, otras tal vez responden a un tema
de corrupción del magistrado, esperemos que no y en todo caso los órganos
competentes deben detectarlo y sancionarlo, pero también está el tema de la
mala interpretación de la norma por parte del juez a cargo del caso y en ese
punto el Poder Judicial debe ponerle especial interés en la capacitación de sus
magistrados a nivel nacional, ya que de esta manera se favorece el incremento
de la delincuencia”, puntualizó.
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